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Un procedimiento ideal de deliberación y toma de decisiones: El universalismo sensible a la diferencia en el pensamiento de J. Habermas

El modelo de “política deliberativa” habermasiano tiene como propósito extender el uso público de la palabra y de la razón práctica.

En su obra “La inclusión del otro” (”Die Einbeziehung des Anderen”) J. Habermas toma en consideración los diferentes problemas y ámbitos de la sociedad contemporánea. Tras la publicación de Facticidad y Validez, en 1992, Habermas advirtió la necesidad de continuar reflexionando acerca del contenido universalista de los principios, acerca de las consecuencias y efectos que se producen en las sociedades pluralistas en las que se intensifican las divergencias multiculturales. De ahí que Habermas defienda, ya desde el comienzo de su escrito, el contenido racional de una moral de un igual respeto para cada cual y de la responsabilidad y solidaridad universal de uno para con el otro. A esto es a lo que se puede denominar universalismo altamente sensible a la diferencia: abarcar a la persona del otro, o de los otros, en su más absoluta alteridad. Ahora bien, ¿cómo lograr una comunidad moral de tal índole?, una comunidad de estas características sólo puede constituirse sobre la base de la idea negativa de la eliminación de la discriminación y del sufrimiento, sin olvidar la incorporación de lo marginado y del marginado considerándolo recíprocamente. La “inclusión” no va a significar la incorporación en lo propio y la exclusión de lo ajeno, sino que esta “inclusión del otro” defendida por Habermas supone que los límites de la comunidad se encuentran abiertos para todos, y también, y sobre todo, para aquellos que son extraños para los otros y que quieren seguir siendo extraños. Esta concepción permite, incluso, postular la realización de unos derechos humanos universales, a nivel global (de aquí la revisión llevada a cabo por Habermas acerca del concepto kantiano del derecho cosmopolita a la luz de las experiencias históricas). La reivindicación de Habermas es la de una política del reconocimiento, que sea capaz de asegurar una coexistencia en igualdad de derechos de las distintas culturas, subculturas y formas de vida.

¿Cuál sería entonces el significado más adecuado para el término “inclusión”: incorporación o integración? Para Habermas, la palabra “etnonacionalismo” acentúa la cercanía entre etnias, es decir, comunidades organizadas siguiendo relaciones de parentesco y, por otro lado, naciones estatalmente constituidas que aspiran a la independencia. Las naciones se diferenciarían de las comunidades étnicas por la complejidad y por la extensión. Un concepto etnológico tal de nación entra en competencia con el concepto que los historiadores han utilizado, dado que elimina toda referencia específica al orden jurídico positivo del Estado democrático de derecho, a la historia de la política y a la dinámica de la comunicación de masas, las cuales proporcionaron, ya en la Europa del siglo XIX, el carácter reflexivo a la conciencia nacional.

Las sociedades modernas, que se encuentran cohesionadas por el mercado y por el poder administrativo, se delimitan las unas con respecto a las otras como “naciones”, aunque con ello queda abierta la cuestión de cuándo, y en qué medida, las poblaciones modernas pueden ser entendidas como una nación de miembros de un pueblo, o más bien de ciudadanos. Esta duplicidad es la que lleva a la dimensión de la exclusión y de la inclusión, y a una especie de movimiento entre la inclusión ampliada y la renovada exclusión. La “lealtad” de los ciudadanos requiere de un anclaje en la conciencia de la pertenencia a un pueblo, histórica y naturalmente, vista además como un destino. La conciencia nacional fue defendida por intelectuales y académicos, y luego extendida de forma más lenta por la burguesía urbana ilustrada, así los súbditos se convirtieron en ciudadanos conscientes políticamente, que se identificaban con la constitución de la república y con sus metas.

El principal problema al que atiende Habermas es el denominado problema de las “minorías nacidas”. La cuestión se plantea también en sociedades democráticas cuando la cultura mayoritaria y dominante impone su forma de vida y con ello da lugar al fracaso de la igualdad de derechos de ciudadanos con otra procedencia cultural, lo cual, a su vez, afecta a la autocomprensión ética y a la identidad de los ciudadanos. Este problema de las minorías nacidas tiene su explicación en el hecho de que los ciudadanos no son seres abstractos, separados de su origen, y en la medida en que el derecho se ocupa de cuestiones éticas y políticas está afectando a la integridad de las formas de vida en las que se basan las formas de vida personales, y es entonces cuando entran en juego una serie de valoraciones que dependen de tradiciones compartidas, pero específicas desde el punto de vista cultural. El horizonte de valores varía según la composición social alcanzada por la ciudadanía.

Por regla general la discriminación puede ser abolida, pero no a través de la independencia nacional, sino por medio de una inclusión que sea sensible a las diferencias individuales específicas, y también a las diferencias de grupo, del trasfondo cultural en cuestión. Inclusión significa que el orden político permanece abierto a la igualación de los discriminados y a la incorporación de los marginados, pero sin integrarlos en una uniformidad de una comunidad homogeneizada. El objetivo perseguido por Habermas es una inclusión sensible a las diferencias, aunque admite la dificultad de lograr la existencia conjunta en igualdad de derechos de distintas comunidades étnicas, diversos grupos lingüísticos, diferentes confesiones y formas de vida. Pero no por eso se puede permitir que haya una pluralidad de subculturas que se desprecien mutuamente y que no se toleren ni se respeten. La cultura mayoritaria ha de desprenderse de su adhesión a la cultura política general, porque de lo contrario establecería de entrada los parámetros de los discursos de entendimiento. Y, por su parte, los miembros de los grupos culturales tendrán que adquirir un lenguaje político, así como unas pautas de conducta comunes, para poder participar de una manera efectiva en la “competición” por los recursos, en la protección del grupo, y en la consecución de los intereses individuales, dentro del ámbito de la política compartida. Es necesario estimular la participación ciudadana, su contribución espontánea, de modo que surjan opiniones públicas sobre temas de calado, magnitud e influencia política. El camino para la integración social depende de que se cree esa red comunicativa de una esfera política pública, de amplitud europea, inscrita en una cultura política común, en la que haya grupos de interés con iniciativas, organizaciones no estatales, movimientos de ciudadanos, y que esa red se despliegue a su vez en foros en los que los partidos políticos puedan manifestar de forma inmediata las decisiones de las instituciones europeas, para así convertirse en un sistema comunicativo efectivo y ágil.

Por todo esto, J. Habermas asegura que el derecho internacional se ha transformado en un derecho cosmopolita o, cuando menos, ese debe ser el camino a seguir, el de un cosmopolitismo (sensible a la diferencia). Una política construida para la paz ha de mirar al futuro y tener en cuenta la complejidad tanto social como política de las causas de las guerras, para conseguir con ello la auto-realización colectiva de una forma de vida cultural. El concepto de política deliberativa propuesto por Habermas sólo cobra alcance y relieve si se tienen en cuenta la pluralidad de formas de comunicación en las que se puede configurar una voluntad común, por medio de acuerdos y de compromisos necesarios, por medio de una elección racional de medios con respecto a un fin, por medio de las fundamentaciones morales y de una coherente comprobación jurídica. Son las condiciones comunicativas en las que Habermas se apoya para que el proceso político contenga en sí la presunción de proporcionar resultados racionales, dado que se lleva a cabo de un modo deliberativo.